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La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este viernes en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos su actualización del informe sobre las graves violaciones que se han ejecutado en Venezuela en medio de la pandemia.
Durante su intervención, Bachelet indicó que en el período del informe, su oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del Estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
En este sentido, añadió el registro de dos manifestantes fallecidos en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. “El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, acotó.
ATAQUES A LA PRENSA
Bachelet destacó que en Venezuela aún existen restricciones a la libertad de expresión. “Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, refirió.
Sobre el retorno de los migrantes venezolanos al país, reconoció los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela.
Al referirse a la crisis generada por el COVID-19, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria.
“Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, acotó.
MUERTES DEL PERSONAL SANITARIO
La Alta Comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención, se deben mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Asimismo, Bachelet informó que el 33% de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En relación a los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad dijo que tras un análisis de fuentes abiertas, su oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020.
La Alta Comisionada de la ONU consideró positivamente las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto.
“Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, sumó.
Asimismo, Bachelet resaltó que el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.
ATAQUES A LA DEMOCRACIA Y LA FARSA ELECTORAL
La Alta Comisionada de la ONU expresó su preocupación por las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, donde obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa.
Bachelet subrayó que “es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos.
“Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos, concluyó.
