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pasado 8 de abril el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico amparado por el régimen, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) puede ejecutar actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en el Arco Minero del Orinoco, a través de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526.
Las constantes explotaciones de los minerales en la zona convirtieron al Arco Minero del Orinoco en un área de contaminación, destrucción ambiental y una zona de alto riesgo en el sur del estado Bolívar, cuyos principales grupos armados están protegidos por las Fuerzas Armadas.
La explotación sin el equipamiento y tecnología necesaria, representa un daño demasiado grande para el ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad, como a las comunidades indígenas que son originarias de la zona.
La Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional legítima considera ilegal el decreto del régimen y se declararon en sesión permanente, asegurando que la decisión del régimen de Nicolás Maduro va en contra de la Constitución y no favorece ni protege al medio ambiente y tampoco a la comunidad indígena.
La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, declaró en rueda de prensa que: “El régimen busca intensificar la actividad minera y la contaminación del Amazonas, con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires. El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas”.
Además, la diputada por el estado Amazonas, Maugimer Baloa, explicó que lo decretado en gaceta solo aumentará la violencia en el Estado: “Ya bastante daño hacen las fuerzas irregulares desplazando a los indígenas de sus territorios para que con este decreto se desplacen también los animales y se elimine más vegetación única en el mundo”.
A pesar de que el país está en medio de una pandemia, gobierno de facto desea continuar con las actividades para seguir consiguiendo recursos económicos para su beneficio mediante la explotación ilegal de la minería, sin tomar en cuanto el daño causado al medio ambiente y a los grupos vulnerables.
Ante esto, el Poder Legislativo declaró, mediante la aprobación de otro acuerdo, la nulidad de la resolución N° 0010 del Ministerio de Minería Ecológica, que “autoriza de forma ilegal” la minería en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruani y Cuyuní en el estado Bolívar.
Asimismo, se prevé el envío de la alerta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA), por etnocidio contra 22 comunidades indígenas propias de la región, así como de ecocidio, por tratarse de zonas protegidas.
Por otra parte, otros tipos de violaciones de derechos humanos ocurren en la entidad, bajo el amparo de las autoridades locales. Muchas de ellas son ejecutadas por funcionarios policiales. Tal es el caso del decomiso ilegal de mercancía de los que son víctimas varas personas de la localidad, a quienes los funcionarios policiales les quitan sus productos tradicionales, como el Casabe y Mañoco. Los comerciantes indígenas que se ubican en los predios del Mercado del Pescado y en la avenida Orinoco, de Puerto Ayacucho son amedrentados por funcionarios policiales, bajo el argumento de estar violentando la cuarentena.
Los vendedores piden que en lugar de decomisarles los insumos, que tanto trabajo cuesta producir y mover desde sus comunidades, que les brinden las herramientas y medidas de seguridad para poder realizar las ventas bajo el protocolo de salud.
El comisionado Prado ha insistido en varias ocasiones que las circunstancias que derivan del estado de alarma han servido para propiciar arbitrariedades y abusos de poder por parte de los grupos se seguridad que sirven a la usurpación. Además, aseguran que no se les ha impuesto control a sus acciones y se les ha entregado potestades discrecionales que en definitiva han devenido en violaciones de derechos humanos de las personas, en especial, grupos vulnerables como la comunidad Indígena.
Prado reitera que al tratarse de esta comunidad, los medios de protección deben reforzarse, ya que es una obligación suministrar garantías consolidadas al disfrute de los derechos de los pueblos indígenas especialmente en una situación en la que sus niveles de vulnerabilidad han aumentado. Siendo esto así, más que amedrentarlos y agredirlos, piden que los funcionarios gestionen planes de atención que disminuyan el impacto negativo de las restricciones.
